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¿Qué es la Pensión de Alimentos en Ecuador?

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La pensión de alimentos es un derecho legal que garantiza el sustento de quienes no pueden proveerse por sí mismos. En Ecuador, este concepto está contemplado en el Código Civil y desarrollado en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA). No solo incluye comida, sino también educación, salud, vestimenta y recreación para el desarrollo integral del alimentado.

Base Legal Principal:

  • Constitución del Ecuador (Art. 44 y 45): Establece el interés superior del niño y la obligación estatal y familiar de garantizar sus derechos.

  • Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA): Regula el procedimiento, montos y obligaciones relacionados con la pensión alimenticia.

  • Código Civil Ecuatoriano: Define quiénes tienen derecho y obligación de brindar alimentos entre parientes.

¿Quiénes son los Alimentantes y Alimentados?

Alimentantes (Obligados a Proveer):

  • Son quienes están legalmente obligados a proporcionar alimentos, en este orden de prioridad:

  • Padres a hijos (incluso si no viven con ellos).

  • Hijos a padres ancianos o incapacitados.

  • Cónyuges o convivientes en unión de hecho.

  • Hermanos o abuelos, si no existen padres.

Alimentados (Beneficiarios del Derecho):

  • Niñas, niños y adolescentes (hasta los 18 años).

  • Mayores de edad hasta los 21 años que estudien de forma regular y no cuenten con medios para sostenerse.

  • Personas con discapacidad, independientemente de la edad.

  • Padres o madres en situación de dependencia o enfermedad, si se demuestra necesidad.

¿Cómo se Fija la Pensión?

El Consejo de la Judicatura publica anualmente una tabla mínima de pensiones alimenticias. El monto depende de:

  • Número de hijos o beneficiarios.

  • Ingresos del alimentante.

  • Edad del alimentado.

👉 El trámite puede iniciarse ante el Juez de la Niñez y Adolescencia y se resuelve mediante audiencia de conciliación o sentencia.


Para garantizar un proceso adecuado y conforme a la ley, es aconsejable solicitar orientación en las unidades judiciales especializadas en niñez y adolescencia o recurrir a asistencia jurídica gratuita disponible a través de la Defensoría Pública.

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